Las empresas estarán obligadas a registrar los sueldos por sexo y categoría para evitar la brecha salarial

Las empresas deberán llevar un registro de los sueldos medios de su plantilla desagregados por sexo, grupos y categoría profesionales, y puestos similares, para evitar la brecha salarial. Así consta en el texto definitivo del real decreto ley sobre igualdad laboral que el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros previo al 8M y al que ha accedido eldiario.es. Los trabajadores tendrán derecho a conocer a esta información a través de sus comités de empresa o delegados sindicales. El Ejecutivo extiende la obligación de tener planes de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores (hasta ahora el límite era 250) y esos planes tendrán que incluir necesariamente una auditoría salarial y medidas de corresponsabilidad y de prevención del acoso sexual. La norma entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado el próximo miércoles. Serán obligatorios los "registros salariales" en los que las empresas tendrán que anotar los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y por grupo profesional, categoría, y puesto de trabajo "iguales o de igual valor". Los trabajadores tendrán derecho a acceder a esa información a través de sus comités de empresa o delegados sindicales. Cuando en una empresa de al menos cincuenta trabajadores, la media de las retribuciones de un sexo sea superior en un 25% o más al promedio de sueldos del otro sexo, el empresario tendrá que justificar por escrito a qué responde esa diferencia y garantizar que no tiene que ver con motivos relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. El decreto incluye en la legislación española un concepto clave, el de "trabajo de igual valor". Las empresas deberán pagar salarios idénticos "por la prestación de un trabajo de igual valor" sin que pueda existir discriminación. Busca así atajar discriminaciones salariales indirectas, es decir, que las empresas paguen distinto ocupaciones cuyo valor es similar pero tienden a ocupar, respectivamente, mujeres y hombres. "Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes", define el texto. Se extienden los planes de igualdad El Ejecutivo extiende la obligación de contar con planes de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores. Estos planes deberán incluir medidas que abarquen el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación y promoción profesional, las condiciones de trabajo y una auditoría salarial, el "ejercicio corresponsable" de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Crea, además, un registro de planes de igualdad en el que todas las empresas deberán inscribir el suyo. El decreto fija un periodo transitorio para que las compañías se adapten a la nueva norma. Las empresas de más de 150 trabajadores tendrán un años para aprobar su plan de igualdad; las que tengan entre 100 y 150 trabajadores tendrán dos años para hacerlo; las que cuenten con plantillas de entre 50 y 100 personas tendrán tres años de margen. Los periodos comenzarán a contar desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. En el decreto el Gobierno ha renunciado a incluir sanciones a las empresas inclumplidoras, como sí contemplaban en la proposición de ley que registró en el Congreso. También ha renunciado a la parte que tenía que ver con el aumento de consejeras en los consejos de administración de las empresas. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que al tratarse de un decreto han optado por las medidas de más urgencia. Así lo expresan en el preámbulo de la norma: "Esta situación de desigualdad, visible en la brecha salarial que no ha sido reducida en los últimos años, exige una actuación urgente y necesaria por parte del Estado, puesto que la mitad de la población está sufriendo una fuerte discriminación y está viendo afectados sus derechos fundamentales. Un mayor retraso, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, conllevaría un daño de difícil reparación que no puede ser asumido por una sociedad moderna como la española". Fuente eldiario.es

Cristina Cifuentes pide la baja de militancia en el PP

Nueva dimisión en tres actos en el Partido Popular. Cristina Cifuentes ha solicitado la baja temporal en la militancia del PP, tras conocerse que la Fiscalía pide para ella una pena de tres años y tres meses de cárcel por el caso Máster. Tras dimitir como presidenta de la comunidad y, posteriormente, como diputada en el parlamento autonómico a Cifuentes ya solo le quedaba su carné de militante del PP, como única línea de unión con la formación política en la que ha trabajado desde joven. Con el anuncio de su baja, esa línea también se rompe.
La expresidenta madrileña ha vuelto a usar su cuenta de Instagram para comunicar su decisión. Cifuentes afirma "estar completamente segura" de que podrá demostrar su inocencia. "Hasta que eso ocurra he pedido la baja temporal de militancia en el PP", ha asegurado desde su cuenta en esa red social.
La decisión llega dos días después de que la Fiscalía haya anunciado que pide una pena de tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña por su participación en el caso Máster al considerarla inductora de la falsificación con la pretendió simular haber realizado un trabajo de fin de máster que nunca realizó.
En su mensaje de despedida, Cifuentes cita una frase de Roosevelt para insinuar que su caída en desgracia forma parte de algún tipo de plan preparado: "En política no hay casualidades y si las hay es que están muy bien preparadas", escribe la expresidenta madrileña.
Fuente eldiario.es

El PSOE y Vox mejoran sus resultados para las europeas, según las proyecciones electorales de la Eurocámara

El PSOE ganaría las elecciones y ampliaría su distancia con el segundo, el PP, hasta los cinco escaños. Ciudadanos pegaría un salto y la extrema derecha de Vox irrumpiría en Bruselas con siete escaños, uno más que en las proyecciones del Parlamento Europeo de hace dos semanas.
Es el resultado de las proyecciones del Parlamento Europeo, que publicará de manera quincenal hasta las próximas elecciones del 26 de mayo, basadas en estudios demoscópicos ya publicados en los 27 países en los que se celebran elecciones –todos menos Reino Unido, que para entonces ya debería haber abandonado la UE–.
En el caso de España, el informe se fundamenta en las encuestas de NC Report y Metroscopia publicadas recientemente.
Así, el PSOE ganaría las europeas con 18 escaños, dos más de la anterior proyección, mientras que VOX entraría en la Eurocámara con 7 eurodiputados –uno más que hace 15 días–.
Los socialistas españoles aumentarían su representación de 14 a 18 eurodiputados y pasarían a ser el principal partido español en el hemiciclo europeo, que tras la recomposición por la salida del Reino Unido a través del Brexit dará a España 59 escaños frente a los 54 actuales.
Por su parte, el PP conseguiría 13 escaños (tres menos que en 2009 y dos menos que la proyección electoral anterior) y le seguiría Ciudadanos con 11 eurodiputados (que obtendría la mayor subida, pues en las últimas europeas obtuvo 2), uno menos que hace 15 días.
Unidos Podemos perdería dos escaños respecto a la suma de IU y Podemos en 2014 y obtendría 9 eurodiputados –el sondeo prevé que alguno de los diputados de Unidos Podemos vaya al grupo Verde, como suele ser habitual con los catalanes–.
Por su parte, ERC obtendría solo un eurodiputado y el PDeCAT y el PNV ninguno, aunque estos datos no prevén las coaliciones electorales y su resultado conjunto (PDeCAT tendría un 1,4 % y PNV 1,1 % de los votos en la circunscripción única española de las europeas).
Según este sondeo de proyección del futuro Parlamento Europeo, los actuales grandes grupos parlamentarios de la Eurocámara –populares, socialdemócratas y liberales– seguirán siendo los mayoritarios.
La extrema derecha y los soberanistas se situarían alrededor de los 150 escaños, repartidos en varios grupos, y aún lejos de poder bloquear una Eurocámara que en la próxima legislatura tendrá 705 escaños.
Fuente eldiario.es

Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido se desmarcan en el Supremo del operativo policial para impedir el 1-O

El Gobierno del PP no conocía el dispositivo policial que se puso en marcha para evitar que se celebrase el referéndum del 1-O. Durante sus declaraciones como testigos, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría dijeron que recibieron algunas informaciones por parte del Ministerio del Interior. El que fuera titular de ese departamento, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que él no estuvo al tanto del detalle de ese despliegue. Ha contestado a un buen número de las preguntas con un "no lo sé".
El despliegue de agentes durante el 1-O es uno de los puntos centrales del proceso. La posible inacción de los Mossos d'Esquadra y la consiguiente intervención de Policía y Guardia Civil en los colegios electorales, donde se produjeron cargas contra los votantes, ocupa buena parte de los interrogatorios del juicio. El exconseller de Interior Joaquín Forn se enfrenta a una petición de 16 años de prisión en parte por "impulsar un operativo autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".
Ese dispositivo se organizó en base a las órdenes judiciales que obligaban a cerrar colegios, requisar papeletas y urnas y, en definitiva, impedir las votaciones. Los agentes de la Guardia Civil y la Policía desplazados a Catalunya -unos 6.000- acabaron interviniendo en colegios donde se concentraba una gran cantidad de votantes. Hubo cargas que dieron como resultado cientos de heridos. La Fiscalía utiliza lo ocurrido el 1-O para apuntalar su tesis sobre el delito de rebelión; las defensas para denunciar la desproporción de la actuación policial.
Sin embargo, los abogados de los acusados han visto cómo ninguno de los miembros del antiguo Gobierno del PP ha podido darles detalles sobre ese operativo: ni por qué se mandó ese número de agentes, ni por qué se decidió actuar en unos colegios sí y en otros no, ni quién dio la orden de cargar y de dejar de hacerlo.
"Yo no me ocupaba de los temas del dispositivo, llevaba la dirección política (…) Pretender que el presidente tome decisiones sobre operativos policiales…", respondió Rajoy al ser preguntado por este asunto durante su declaración. Según explicó, recibía la información que le transmitía la vicepresidenta del Gobierno. Dijo no haber hablado durante el 1-O con ningún representante del operativo policial. "Yo jamás he estado en lo que es una actuación propia de los operativos (…) Sería tremendo que alguien en unas circunstancias como la mía lo estuviera. Creo que prestaron una función importante en defensa de los derechos de todos", añadió.
En la sesión matinal, Sáenz de Santamaría se manifestó en unos términos parecidos. Los abogados de Vox le preguntaron por su conocimiento de la Operación Copérnico, como se denominó al despliegue de los agentes en Catalunya de cara al 1-O. "He leído sobre ella", contestó.
La exvicepresidenta declaró que no tuvo conocimiento de los detalles porque no tenía "experiencia ni competencia" para diseñar un operativo policial, algo que no había hecho "en su vida". "La vicepresidencia del Gobierno no interfiere en los operativos policiales", añadió, al tiempo que dijo que todas las informaciones le llegaron a través del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Catalunya.
"Jamás he tomado una decisión sobre un dispositivo"
Este jueves ha sido el turno para el que fuera titular de Interior. Zoido ha seguido el camino que le dejó marcado Rajoy, quien ya preparó el terreno para que su antiguo compañero en el Gobierno se desentendiese de lo ocurrido. "Mire, he sido ministro del Interior, puedo asegurarle que jamás he tomado ninguna decisión sobre un dispositivo policial. Son decisiones que competen a quienes están al frente de los operativos", afirmó el expresidente.
Zoido se ha agarrado a ese argumento y sus únicas consideraciones sobre el dispositivo policial han sido para criticar el de los Mossos. De este ha dicho que era "totalmente insuficiente", ha considerado que debían haberse desplegado el doble de agentes de la policía autonómica –12.000 en lugar de 6.000– y ha cargado directamente contra el exmajor Josep Lluís Trapero: "El señor Trapero no era muy colaborador y no le gustaba la coordinación del señor Pérez de los Cobos".
Del dispositivo policial que dependía de su Ministerio no ha podido hablar. Xavier Melero, abogado de Joaquin Forn, le ha ha hecho un largo interrogatorio para conocer qué decisiones se tomaron durante los días previos al 1-O y el mismo día del referéndum. Sin embargo, se ha encontrado con que el exministro ha respondido a muchas de sus preguntas con un "no lo sé".
Por ejemplo, ha dicho desconocer si los Mossos elaboraron un plan de actuación para el 1-O que compartió con Guardia Civil y Policía y que pasó por el mando que coordinaba a los tres cuerpos, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Ha contestado en el mismo sentido a si tuvo conocimiento de las distintas reuniones entre cuerpos que se celebraron esos días. "Me dijeron que estaban coordinándose y trabajando", ha resumido.
Zoido tampoco ha sabido concretar por qué los agentes de la Policía y la Guardia Civil acudieron a unos colegios sí y a otros no. "Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer", ha respondido. "Fueron los operativos", ha contestado ante la insistencia de las preguntas, en referencia a los mandos policiales de los que dependían las unidades desplegadas. Fueron ellos quienes decidieron que los agentes cargaran y que dejaran de hacerlo en un momento dado: "Ellos sabrán por qué decidieron hacerlo".
"Yo he tenido por costumbre no entrar en diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad. No conozco que haya habido muchos ministros salvo que tengan un conocimiento muy específico", ha dicho Zoido en su descargo. Así, sus únicas referencias al operativo han sido para defender a los agentes: "No debe culparse a la Policía y la Guardia Civil. Deben asumir la responsabilidad quienes alentaron el referéndum".
Fuente eldiario.es