La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe a petición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el que establece que con una renta mínima con un coste fiscal de solo 3.500 millones de euros se podría reducir en un 60,4% la pobreza severa en España beneficiando con esta medida a 1,8 millones de hogares.
La propuesta de la AIReF viene a modificar el planteamiento de renta mínima que los sindicatos CCOO y UGT llevaron al Congreso mediante una Iniciativa Legislativa Popular y propone una serie de modificaciones para "aumentar la eficacia de la prestación, mejorar su diseño institucional y asegurar la eficiencia y coherencia de la prestación con la situación fiscal de España".
La AIReF responde así a la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de analizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada a propuesta de los sindicatos UGT y CCOO en 2016 con el aval de 700.000 firmas, cuya finalidad era establecer una prestación de ingresos mínimos (426 euros para los ciudadanos sin recursos y en extrema pobreza) en el ámbito de la protección social de Seguridad Social.
En un extenso informe de 170 páginas al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, la institución que dirige José Luis Escrivá apunta que esta propuesta de renta mínima, desde el punto de vista de la eficacia, permite reducir la tasa de pobreza un 12,1% y un 27,6% la tasa de pobreza extrema, "no obstante, la falta de focalización en el objetivo principal, materializada en los requisitos para acceder a la prestación, dificulta una mayor reducción de la pobreza".
Ante esta posición, la AIReF ha diseñado dos alternativas de actuación que incidirían, según sus cálculos, en una reducción de la tasa de pobreza severa mayor, con un coste fiscal inferior e incrementarían el número de hogares beneficiarios.
La primera alternativa propone dos tramos para la asignación de la prestación. Si los ingresos por hogar se encuentran por debajo del 20% de la mediana, los adultos percibirían una prestación cuya cuantía se situaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, y 1.200 euros/año por hija/o a cargo. Si los ingresos varían entre el 20% y el 60% de la mediana, se tendría derecho a 1.200 euros/año por hija/o a cargo. Esta medida afectaría a 1,8 millones de hogares y tendría una reducción del 60,4% de la tasa de pobreza severa mientras que el resultado en la caída de la tasa de pobreza sería mucho más modesta: un 2%.
La segunda alternativa también tiene dos tramos para la asignación de la prestación. Si los ingresos del hogar se encuentran por debajo del 30% de la mediana habría una ayuda decreciente desde el 80% al 10% del IPREM más un complemento por hija/o a cargo equivalente a 1.680 €/año. Si los ingresos del hogar oscilan entre el 30% y el 60%, los beneficiarios tendrían derecho a la asignación por hija/o a cargo de 1.200 €/año. Esta propuesta también afectaría a 1,8 millones de hogares, pero la reducción de la tasa de pobreza extrema sería menor, un 46%, mientras que la disminución de la tasa de pobreza sería de un 4,7%.
La AIReF destaca que su propuesta "podría sustituir las prestaciones existentes nacionales y autonómicas, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad". Su prestación "se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva y podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales incluyendo el perfilado de los beneficiarios y la derivación hacía los servicios que necesiten, sean políticas activas de empleo o de lucha contra la exclusión social".
Según el organismo supervisor "ambas alternativas tendrían un coste de 5.500 millones de euros, en lugar de los 7.000 millones de la propuesta de los sindicatos, con lo que se permiten alcanzar o superar los objetivos de reducción de la pobreza con un menor coste fiscal. Las alternativas propuestas tienen un menor coste fiscal, unos 1.500 millones de euros menos al que hay que añadir un ahorro en torno a 2.000 millones por la supresión de duplicidades, por lo que el coste neto sería de 3.500 millones de euros. Además, presenta entre un 50% y un 60% de mejores resultados en términos de reducción de la pobreza severa.
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