Los partidos también se juegan dinero el 28A: reciben 21.000 euros por escaño y 80 céntimos por voto recibido

En las últimas elecciones generales, celebradas en 2016, los partidos políticos justificaron gastos electorales ordinarios por un importe de 26 millones de euros. Esa cantidad se refiere a todas aquellas facturas que responden a conceptos que tienen que ver con la campaña: actos, seguros, desplazamientos, publicidad, etc. Pero esos comicios correspondían a la repetición electoral, después de que nadie consiguiera formar gobierno, y los partidos intentaron apretarse el cinturón. En anteriores ocasiones habían gastado más.

En 2015 se dejaron 36 millones y en 2011, el último año del bipartidismo, 39, según datos del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza los gastos e ingresos que le presentan las formaciones que concurren a las elecciones y obtienen representación. Para la campaña de las últimas generales, quien más gastó en este concepto fue el PSOE, con 8,1 millones de euros; seguido del PP, con 7,29; y, más lejos, Podemos con sus confluencias, que gastaron 4,47 millones. Ciudadanos utilizó 3,08. En 2015, el PP fue el que más dinero invirtió en gastos electorales ordinarios, con 13,1 millones; después, el PSOE, con 10,24; Ciudadanos, con 3,45. Podemos destinó 2,94.

A todos estos importes hay que sumar los gastos por envío de propaganda electoral (los sobres con la carta del partido y las papeletas que los electores reciben en su buzón), que financia directamente el Estado para todos aquellos partidos que obtienen representación parlamentaria. En 2016 esta cantidad sumó 26 millones de euros; en 2015, 19; y en 2011, 26 millones. 

De dónde sacan el dinero

En las cuentas que los partidos presentan al Tribunal de Cuentas deben indicar los recursos que han obtenido para la campaña, que han tenido que ingresar en una cuenta específica para las elecciones, de la que es responsable un administrador electoral que controla los ingresos, gastos y cuentas de la campaña. Aparecen cuatro casillas. La primera es la de aportaciones privadas o donaciones, que según la Ley Electoral (LOREG) no pueden superar los 10.000 euros por persona física o jurídica, aunque lo cierto es que esta casilla suele quedar en blanco. De hecho, solo Ciudadanos declara una cantidad en este concepto: 8.969 euros en 2016 y 30.360 en 2015. En 2011, el PSC contó con 10.000 euros.

La segunda son las operaciones de endeudamiento con los bancos, que suelen ser las que más aportan a la suma de ingresos. Hay excepciones, como Podemos, que no pide créditos bancarios (solamente En Comú Podem declaró 79.600 euros en 2015), y el PNV y Bildu, que también suman 0. En 2016, quien más dinero pidió prestado a los bancos fue el PSOE (8,6 millones), seguido del PP (6,79) y Ciudadanos (5,51). Podemos y sus coaliciones se financian con microcréditos que suman a la cuenta electoral como aportaciones del partido. Una fórmula que han repetido esta campaña.

Aunque todo está regulado en campaña, los partidos pueden traspasar dinero de sus cuentas ordinarias a la cuenta de las elecciones. Este dinero proviene de los propios ingresos del partido, por cuotas de afiliados, alquileres de inmuebles en propiedad, aportaciones privadas (que en estos casos pueden llegar a los 50.000 euros), etc. También parte de las subvenciones públicas que reciben año a año para su funcionamiento. Estas dependen de la representación de cada partido, esto es, de los diputados y votos que obtienen en las elecciones. Por ejemplo, en el primer semestre de 2018 estas cantidades de dinero del Estado fueron desde los 8,7 millones de euros que recibió el PP, a los 84.150 de Coalición Canaria. 

Quién se lleva más subvenciones

Los ingresos en campaña electoral provienen también de adelantos de subvenciones. La mayor parte de los gastos de los partidos se financian con fondos públicos, a través de subvenciones que se conceden, a posteriori, en función de los resultados obtenidos. Para cada campaña, los partidos pueden solicitar un adelanto, que se otorga teniendo en cuenta los resultados en escaños y votos de las elecciones anteriores, pero que no puede superar el 30% del total. Tras presentar al Tribunal de Cuentas los gastos e ingresos, entre 100 y 125 días después de la jornada de votación, y de que este órgano los valide, el Estado tiene 30 días para entregar el 90% de la subvención que corresponde a cada partido, menos la cantidad que haya adelantado. Si, por ejemplo, un partido pidió un adelanto pero no obtuvo representación suficiente para merecer una subvención por ese importe, debe devolverlo. Lo habitual es que estas subvenciones se utilicen para devolver los créditos que se pidieron a los bancos antes de la campaña. 

Para las generales del 28A se han presupuestado 21,2 millones de euros destinados a subvenciones por gastos originados en actividades electorales. Cada formación política recibirá 21.167,64 euros por cada escaño que obtenga en el Congreso o en el Senado, y 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, siempre que uno de sus miembros haya obtenido escaño; y 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que haya obtenido escaño de senador. Esta subvención está destinada únicamente a cubrir gastos electorales, que los partidos tienen que justificar. Es decir, si un partido gasta menos del importe que le corresponde de subvención, el Estado se lo ahorra. 

Según los datos disponibles en el Portal de Transparencia relativos a las elecciones generales de 2015 y 2016, se concedieron un total de 25,7 y 19,8 millones de euros respectivamente en subvenciones a partidos por gastos electorales, sin contar los que el Estado se deja en las cartas que llegan a casa. Si se tienen en cuenta los gastos ordinarios que supusieron esos comicios, las arcas públicas sufragaron directamente el 71,4% (2015) y el 76,2% (2016) de las campañas electorales de los partidos. Por partidos, en las últimas generales, el Estado sufragó el 87,7% de la campaña del PP; el 89% del PSOE; el 80,7% de Podemos; y el 69,2% de Ciudadanos. 

Fuente eldiario.es